El servicio de la deuda
marcará un máximo histórico de $130 billones y obligará al Gobierno a destinar
una porción creciente de sus ingresos al pago de intereses, presionando el
presupuesto durante varios años.
El
calendario fiscal de 2026 arrancó con una señal de alerta para las finanzas
públicas. No se trata solo del tamaño de la deuda, sino del peso creciente que
tiene atenderla año tras año. De acuerdo con la actualización más reciente del
perfil de deuda interna del Ministerio de Hacienda, el servicio de la deuda
alcanzará este año un máximo histórico de $130 billones, una cifra que marca un
punto de inflexión en las necesidades de financiamiento del Gobierno.
El
dato cobra mayor relevancia cuando se mira más allá de 2026. Las proyecciones
oficiales muestran que, entre este año y 2033, el servicio de la deuda interna
se mantendrá en niveles elevados, con una concentración significativa de
vencimientos que presionará de manera constante el presupuesto nacional. No es
un fenómeno puntual, sino una carga prolongada que limitará el margen de
maniobra fiscal en los próximos años.
Uno
de los momentos más sensibles del perfil aparece en 2029. Según advirtió la
Contraloría General de la República en su informe más reciente, para ese año el
servicio de la deuda interna se ubicaría en $110,6 billones. Este escenario
obligaría al Gobierno a refinanciar montos considerables en un entorno de tasas
de interés aún altas, lo que aumenta los riesgos asociados al manejo de la
deuda.
Para dimensionar la magnitud
del reto, analistas explican que el servicio de la deuda ya representa una
proporción muy significativa de los ingresos del Estado. Con un recaudo
tributario que ronda algo más de $300 billones, el pago de intereses, que
supera los $100 billones, implica que cerca de uno de cada tres pesos
recaudados termina destinado a cumplir compromisos financieros. Es un peso
que compite directamente con otros rubros del gasto público.
Ahora bien, no todo el monto
proyectado para 2026 corresponde a desembolsos inmediatos. De los $130 billones
previstos, cerca de $79 billones son vencimientos de capital que, en la
práctica, suelen renovarse mediante nuevas emisiones de deuda. El problema
estructural está en los intereses, los $51 billones restantes sí deben pagarse
efectivamente cada año y hacen parte de los gastos corrientes del Gobierno.
Esa
característica explica por qué la presión es tan alta. A diferencia del
capital, que puede refinanciarse, los intereses se cubren con ingresos
tributarios o, en algunos casos, con más endeudamiento. Sobre este punto, Julio
César Romero, economista jefe de Corficolombiana, advirtió en el diario La
República que, “este año nuevamente vamos a tener una presión fuerte sobre la
deuda. Es importante resaltar que el Gobierno tiene que pagar, antes de julio,
la deuda con los bancos internacionales correspondiente al total return swap
utilizado el año pasado como instrumento de financiamiento”.
Romero
añadió que, en 2026, la Dirección de Crédito Público priorizaría mantener
liquidez en dólares, por lo que no se esperan monetizaciones durante el año.
Además, recordó que “no hay que olvidar que, según lo señaló Crédito Público,
con la venta de US$5.000 millones en bonos globales realizada en enero ya se
habrían cubierto las necesidades de financiamiento externo”.
se
punto marca un cambio relevante en la estrategia. Con el frente externo
prácticamente cubierto, el énfasis del endeudamiento se trasladará al mercado
local. Las metas preliminares divulgadas por la Dirección de Crédito Público,
antes de la presentación oficial del Plan Financiero, indican que el Gobierno
buscaría financiación interna por alrededor de $85 billones en 2026.
Ese
monto se obtendría a través de varios mecanismos. Cerca de $60 billones
provendrían de subastas, $9 billones de colocaciones directas, $2 billones de
emisiones de TES verdes y unos $4,5 billones mediante bonos pensionales. Aunque
estas cifras aún son provisionales, dan una idea clara del tamaño de la apuesta
por el mercado doméstico.
Las primeras señales de esa estrategia ya se están viendo. En la subasta de títulos de corto plazo realizada la semana pasada, el Gobierno colocó $900.000 millones, mientras que la demanda alcanzó los $2,6 billones, un indicador de apetito por estos papeles en el mercado local. Según el seguimiento realizado por Diego Montañez, analista económico y miembro del Grupo de Coyuntura Económica de la Universidad Eafit, y divulgado en el medio antes mencionado, entre enero y lo corrido de febrero el acumulado de deuda interna emitida asciende a cerca de $6,5 billones, medidos en valor nominal aprobado. Solo en enero se colocaron alrededor de $5,1 billones en Títulos de Corto Plazo, TES en pesos y TES UVR. En febrero, las emisiones suman unos $1,36 billones, explicadas por una subasta de TCO cercana a $0,9 billones y una colocación de TES UVR por aproximadamente $0,46 billones.
NOTA:
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