Una
confrontación aérea con explosivos entre el ELN y las disidencias de las Farc
siembra el terror en el Catatumbo. SEMANA recorrió la zona y evidenció esta
nueva fase del conflicto que azota a la población civil y tiene en jaque al
Gobierno.
Oraron,
cenaron temprano y se marcharon a la cama sobre las nueve de la noche. Minutos
más tarde, un estruendo sacudió la vivienda, en el caserío 20 de Julio, en
Versalles, una vereda de Tibú, Norte de Santander, en la frontera entre
Colombia y Venezuela. Allí, en la región del Catatumbo, se libra una cruenta e
inusual guerra de drones entre el ELN y las disidencias de las Farc que hasta
ahora Colombia empieza a dimensionar.
El
hermano de Flor salió al patio y ondeó una bandera blanca en señal de paz, una
práctica usual en el Catatumbo en medio de la guerra. Pero, trágicamente, eso
jugó en su contra. El dron y su particular ruido, similar al de un cucarrón, se
dirigió hacia la vivienda y descargó otro bombazo, mucho más fuerte, más
cercano, esta vez en el cuarto donde estaba Flor. Destrozó el techo, las
paredes y los enseres de la casa. Las esquirlas se incrustaron en la pierna
izquierda de Flor, en el brazo de su hija de 13 años, en la espalda de su hijo
de 17 años e hirió de gravedad a su sobrino.
Un
dron, del ELN o del frente 33 de las disidencias de las Farc, cayó en el patio
del predio. Ocurrió el 15 de mayo del año pasado, cuando se desató esta
confrontación aérea que abre un nuevo capítulo de la guerra en el país. Hubo
heridos y daños materiales. La mujer, además, perdió un centenar de animales,
entre gallinas, pavos y patos. Muchos murieron al instante.
Atemorizados, los 12
integrantes de la familia huyeron hacia una caverna, a orillas de una quebrada
ubicada a pocos metros de la finca. Se escondieron y pasaron la noche, con las
piernas dentro del agua, desesperados por el frío y el temor de que les cayera
encima otro explosivo. “Oré, le pedí a Dios que lloviera con tempestad porque
era la única forma de que no sobrevolaran el dron. Y se hizo el milagro”,
recordó la mujer, en medio de las lágrimas.
Cuando
amaneció, salieron del refugio. Se subieron a sus motos y viajaron a Orú, un
corregimiento de El Tarra, donde fueron atendidos en un puesto de salud y
trasladados a Cúcuta, donde hoy viven. El Gobierno de Gustavo Petro no les pagó
arriendo y tampoco han recibido un subsidio por su casa destruida o por
convertirse en víctimas. Solo han llegado algunos mercados. “¿Quién responde?”,
se pregunta la mujer. “Nadie”, se responde ella misma en su escepticismo. Hoy
no tiene la certeza de si el dron, con el explosivo colgado a un alambre, lo
piloteaba un integrante del ELN o de las disidencias de las Farc. También
desconoce si se trató de un dispositivo volador controlado con capacidad para
transportar hasta tres bombas. Y prefiere no saberlo.
SEMANA
recorrió el Catatumbo y comprobó cómo, en Versalles, Filo Gringo, Pacelli y El
Tarra, el ELN y las Farc libran una guerra sangrienta con drones, dispositivos
cuya venta controlan, supuestamente, las autoridades en Tibú.
Ambos grupos criminales
comenzaron a usar esta poderosa arma aérea a raíz del conflicto entre Rusia y
Ucrania. Les resulta más económica y pierden menos hombres que
en la guerra habitual, según dicen integrantes de los dos grupos armados que
están enfrentados. La violencia es tal que solo el año pasado 50.000 personas
fueron desplazadas. El problema de esta guerra de drones es que las corrientes
de viento, una maniobra equivocada y el peso de los explosivos han causado
varias tragedias entre los civiles.
Todos
hablan de los drones
Esta
es una región selvática, inhóspita, de caminos de herradura y con montañas
cubiertas por árboles gigantescos que esconden una naturaleza prodigiosa. Hay
grandes nacederos de agua, cascadas de postal, pero a donde el Estado,
históricamente, nunca ha llegado. El Gobierno Petro tampoco llegó, como lo
reclaman los habitantes.
En la zona todos hablan de los drones, incluyendo los niños, los más inocentes, para referirse a una nueva modalidad de la guerra que parece no importarle al país. Más de un año después de desatarse una lucha por el negocio del narcotráfico entre el ELN y las disidencias de las Farc, pocos miran hacia el Catatumbo. Y las comunidades, en medio del conflicto, pagan la peor cuenta.
Un
niño de 10 años le contó a SEMANA cómo se encontró con dos drones enfrentados
en el aire, como si se tratara de un videojuego. En esa batalla aérea gana el
que tenga un piloto más hábil, lo vuele por encima del otro y descargue el
explosivo. A esos dispositivos les temen todos. Los propios guerrilleros del
ELN o de las disidencias de las Farc, cada vez que escuchan su ruido, se
refugian bajo los árboles.
A
Versalles, un corregimiento de Tibú, se llega tras un viaje de tres horas por
trochas angostas, cráteres en la tierra y cultivos de plátano y cacao
alrededor. Es un epicentro de la guerra de drones y fue uno de los primeros
caseríos visitados por SEMANA. De las 308 familias que vivían aquí, solo quedan
60, algo más de 240 personas que se encierran a las seis de la tarde y oran al
Divino Niño Jesús, el patrono del pueblo, para que no les caigan sobre sus
casas las cargas explosivas que llevan los drones.
El
susurro de los aparatos voladores es casi a diario y los mueven, de un lado,
los guerrilleros del ELN, ubicados en uno de los filos que arropa el caserío y
comandados por alias Poliare o Sofía. Del otro lado están las disidencias del
frente 33 de las Farc, lideradas por Jhon Mechas.
El
rosario de víctimas de los drones es grande. El pasado 22 de enero, Yofrán
Camilo Quintero, un joven de 19 años, murió en la sala de su propio hogar en la
vereda 20 de Julio. Allí descansaba con su padre, un hombre en condición de
discapacidad, cuando recibió la onda explosiva. Su cuerpo fue velado en la sala
de la casa de un vecino, encima de tablas soportadas por ladrillos, y el llanto
de su papá, quien, además de las muletas, convive con las esquirlas en el
cuerpo.
El
30 de diciembre del año pasado, una mujer, su esposo y dos niñas recibieron el
totazo de otro dron en su casa después del almuerzo. Fue en la vereda Piamonte,
a diez minutos de Versalles. El padre montó a su familia en el carro y, herido,
condujo 500 metros, pero no logró avanzar más. Un vecino los auxilió y los
llevó hasta Cúcuta. La mujer sigue en Tibú y, según contaron varios pobladores,
no ha conseguido extraer todas las esquirlas de la mano ni de una de las
piernas, ni una que se le incrustó cerca del ojo, por falta de un adecuado
sistema de salud.
Ni
siquiera los muertos se salvan de esta guerra aérea. Hace unos días, una bomba
terminó a escasos metros de la puerta principal del camposanto y el impacto
tumbó a una señora que se movilizaba en una motocicleta con un niño. En otra
ocasión, un explosivo destruyó una bóveda y, luego, otro dejó un cráter en la
tierra.
Las calles de Versalles espantan. Las ruinas de las droguerías, el casino, las tabernas, entre ellas la Makar, la más apetecida del pueblo, los billares, las canchas de tejo, los talleres de mecánica, entre otros negocios, confirman la magnitud de la disputa entre el ELN y las disidencias. Solo funciona un restaurante, que pasó de vender 120 almuerzos a diez desde diciembre pasado. Del asadero de pollos Nenylu solo quedó el letrero.
Tampoco
funcionan la compra y venta de oro y la casa de empeño. “Compañía Alfonso
Cano”, escribieron con aerosol los farianos en una de las entradas del negocio.
La casa Spa Stylos, que prometía uñas acrílicas, semipermanentes, hidrataciones
y repolarizaciones, no está abierta. “Serrado (sic)”, escribieron sus dueños en
la puerta. En el recorrido se ven vidrios estallados, puertas abiertas,
góndolas desocupadas. En Celltech, la empresa que ofrecía recargas, sim cards,
formateos y accesorios de computadores, nadie atiende.
“Farc”,
“Frente 33 de las Farc”, se lee en las puertas y ventanas, en las fachadas de
algunos negocios arruinados. En otros, a pocos metros, el ELN también estampó
su marca encima del letrero de las Farc en señal de desafío, como ocurrió en la
pared de los desaparecidos y concurridos billares El Triunfo y Elián. “Se vende
esta propiedad”, se lee en la fachada del primer negocio.
Otros
letreros producen aún más terror y recuerdan la peor época del conflicto armado
colombiano: “Minado, ojo. Peligro”, se divisa en varias puertas. Nadie se
atreve a caminar entre las ruinas por temor a caer en una mina antipersona.
Tierra
de nadie
Los
pocos pobladores que quedan conviven con la amenaza latente. En el recorrido
que hizo SEMANA se pudo constatar que no hay Ejército en las carreteras.
Tampoco Policía. Sí hay un puesto de salud en ruinas, pero está cerrado. No hay
médicos ni enfermeros y los heridos deben ser trasladados hasta Tibú por
trochas estrechas y peligrosas. El abandono estatal es total.
La
Iglesia católica es la única presente en la región. Los organismos
internacionales y la Defensoría del Pueblo hacen presencia, pero no es
permanente. Los pobladores, como siempre, quedan solos, expuestos a la
violencia de unos y otros.
“Quisiera
que viniera la prensa, la Defensoría, los organismos internacionales y
estuvieran más de una semana y confirmaran que no decimos mentiras y que esto
se prende de un día para otro”, le dijo a SEMANA un líder comunal que pidió la
reserva de su identidad.
Lo
único que persiste en Versalles son perros hambrientos que deambulan en las
calles tras la huida de sus dueños.
El caserío ha sobrevivido a tres desplazamientos. El primero, el 16 de enero de 2025, cuando el ELN se metió a la fuerza a sacar a las Farc. Todos los negocios financiados por los farianos cerraron sus puertas, entre ellos un hotel de dos pisos en la mitad del pueblo, una droguería y una estación de gasolina, que está en ruinas.
En
abril del año pasado, las Farc no se dieron por vencidas y retomaron el
control. Y, un mes después, los elenos entraron nuevamente al pueblo.
Asesinaron a un hombre frente a su casa y lo movieron por las calles, donde
caminaron decenas de guerrilleros vestidos con camuflados con prendas rojas y
negras.
A
los grupos criminales les interesan Versalles y La Angalia, otra vereda de
Tibú, porque están ubicados en un corredor con acceso directo a Venezuela y
allí el ELN y las Farc tienen sus campamentos médicos. También por el control
de la ruta de la coca.
El
Catatumbo es el fiel reflejo de la nueva dinámica de la guerra. Algunas de sus
montañas están minadas y el número de víctimas de minas antipersona va en
aumento. La Defensoría del Pueblo informó que solo en 2025 se reportaron 25
hechos, que dejaron 22 víctimas en la región.
Daniel Ortega perdió su pie derecho tras pisar una mina que, extrañamente, resultó sembrada en el patio de su casa el 10 de mayo del año pasado. A él se le ve por las calles de Versalles con una prótesis artesanal que elaboró con un tubo de PVC porque se cansó de pedirle a la EPS que le subsidiara su pie metálico. El Estado tampoco lo ayudó. “Su historia es de admirar”, le dijo una de sus vecinas a SEMANA.
Hace
unos meses, una pareja y un niño de 9 años se movilizaban en motocicleta entre
el corregimiento de Versalles y la vereda Filoquemado y se tropezaron con una
cuerda atravesada en la vía.
“Con
la moto nos llevamos el hilo y se activó la mina”, contó la mujer, quien quedó
con esquirlas en su pierna. Fue operada y la rodilla no responde como debe
cuando camina. Además, mantiene un ruido constante en los oídos que no baja de
decibel.
El
niño y su pareja soportaron las esquirlas en los brazos y el último no recibió
atención médica especializada. “¿Dónde está el Estado para las víctimas?”, se
preguntan en el Catatumbo.
Filo
gringo
A
media hora de Versalles, incrustado en una montaña, está Filo Gringo, un
caserío considerado durante años como uno de los principales bastiones del ELN.
Por eso, el frente 33 de las Farc, desesperado por los drones que cayeron
durante meses en su contra, al parecer, desde esta zona del Catatumbo, lo
convirtió en blanco de un ataque que destrozó prácticamente la vereda a finales
de 2025.
Una edificación de dos pisos quedó reducida a escombros porque los farianos descargaron una bomba sobre el techo. Solo quedó la estructura en cemento, sin tejas de zinc, sin ventanas ni puertas. Se mantiene el letrero del negocio Barberos ubicado en el primer piso.
“Fue
un dron”, repitió un niño cuando SEMANA llegó hasta el lugar. Las Farc aseguran
que era el centro de operaciones de drones del ELN, pero en Filo Gringo
desmienten esa versión. El restaurante Delicias Express, uno de los preferidos
del caserío y ubicado al lado, también cerró sus puertas ante el estruendo. De
500 familias, solo viven 100. Los demás huyeron y dejaron sus pertenencias.
Algunas están en arriendo, ¿pero quién quiere vivir allí? SEMANA habló vía
telefónica con una de las arrendatarias de una casa que resultó con los vidrios
estallados tras la explosión. Insiste en que no le debe nada a nadie, que solo
huyó de la violencia.
“No
sé cuánto cobrar”, respondió. Pero debe rentar su casa porque paga 700.000
pesos de arriendo mensual en otra vereda y no tiene mayores ingresos. “Es mi
casa, la amo, es fruto de mi trabajo. Quisiera volver a Filo Gringo, mi tierra,
pero persiste el miedo”, expresó. Ella, como toda la población, carga con el
peso de la estigmatización de las Farc y el ELN, cuando solo quieren vivir en
paz y sin tomar partido en este conflicto.
Otra
vivienda, ubicada sobre la vía principal, quedó destrozada, también sin techo,
con los vidrios rotos y unas paredes que retratan las perforaciones de las
balas. La edificación donde vivía el párroco del pueblo fue impactada por los
fusiles y él despacha desde otra vereda. La construcción del imponente templo
de la Virgen del Carmen quedó a media marcha tras la escalada de violencia.
Filo
Gringo es una sola vía con casas a lado y lado, montañas verdes, desde donde
brota agua constantemente, y hay un polideportivo con cubierta donde se
mantienen dos vallas políticas: “Juan Carlos Quintero Sierra, paso a paso
construimos el Catatumbo”, se lee en una. “Con Salcedo el Catatumbo se respeta.
Cámara de Representantes, curul especial para la paz”, se observa en otra. En
la cancha de baloncesto descansan los perros.
El ELN sigue mandando en la vereda. Sus hombres se visten de civil y deambulan por los alrededores del pueblo mientras las Farc están a escasos metros y prometen retomar el control. Las comunidades que aún se mantienen en el caserío lo hacen porque no tienen a dónde irse y porque, reiteran, no toman partido en una guerra que no es de ellos. Es una guerra ajena donde ellos llevan la peor parte.
Pacelli
SEMANA
también llegó hasta Pacelli, otro corregimiento de Tibú ubicado a cinco horas
del municipio, un lugar privilegiado, con algo de comercio, pastos vivos y
grandes extensiones de cultivos de cacao. Allí, a diferencia de Versalles y
Filo Gringo, el escenario es otro: la población está organizada, hay grandes
líderes que exigen respeto a los grupos armados y al Ejército. No quieren
guerra y han impedido en ocasiones el ingreso del frente 33 de las Farc y del
ELN. Pero saben que no tienen armas y su única voz es la palabra.
Las
Farc deambularon el 15 de diciembre pasado y provocaron pánico. A una mujer
embarazada se le adelantaron los trabajos de parto de sus mellizos cuando
observó a la guerrilla por las calles. En el corregimiento hay un moderno
centro de salud, pero no tiene médico. Y la enfermera debe atender hasta
partos. En esta oportunidad esperaron varias horas y la trasladaron en una
camioneta hasta Tibú, donde la madre dio a luz a Matius y Yahel, quienes viven
para contar la historia. “Son un verdadero milagro de Dios que nos da
esperanza”, coinciden en el pueblo.
“El
centro de salud está nuevecito y no lo han entregado, pero lamentablemente
tiene serios problemas de humedad”, informó Carlen Elena García a SEMANA,
fundadora de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz.
En
Pacelli los pobladores podrían pasar hambre si el Estado no impulsa con
urgencia una medida económica. El pueblo fue uno de los ejemplos en la
erradicación de la coca durante el Plan Colombia, que lideró el entonces
presidente Andrés Pastrana, pero la mata es la única plantación rentable en
medio de la lejanía y una carretera desastrosa y abandonada por el Estado. El
plátano se madura porque los caminos son de herradura y los ríos crecen
constantemente e impiden el paso. La región carece de puentes y los que hay se
cubren por el agua en invierno.
La guerra entre las guerrillas desterró a los compradores de la pasta base de coca y no hay quien la adquiera. No hay dinero circulando por el pueblo y, en ocasiones, las comunidades, como última opción, han tenido que cambiar el polvo por comida para sobrevivir. Los raspachines se esfumaron en su mayoría a Venezuela. De siete discotecas, solo tres se resisten a desaparecer: Marquitos, Diomedes y Pul 8. También se extinguieron las casas de cambio. Peluquerías, billares, restaurantes, panaderías, entre otros establecimientos, cerraron. Y algunos venden gasolina, que viene desde Cesar. Las ventas en general bajaron en un 50 por ciento, le dijo a SEMANA un líder conocedor del comercio.
Además,
le apuestan a las vacas de leche porque tienen grandes extensiones de pasto,
pero no cuentan con un programa de mejoramiento genético y no hay quien compre
el lácteo.
Como
si fuera poco, la venta del ganado de ceba es casi imposible a causa de las
exigencias sanitarias por la aftosa porque Pacelli está ubicado en una zona de
frontera con Venezuela. Definitivamente, allí no quieren vivir más de la coca y
lo repiten sus moradores. Buscan proyectos, pero focalizados y pensados. Y más
allá de lo que hagan los grupos armados, quieren seguir con sus vidas. Todo lo
que el Estado invierta en la región es primordial, pero deberá contar con el
visto bueno de las guerrillas, que tienen hasta tres retenes entre Cúcuta y
Tibú y otros en el corazón del Catatumbo. SEMANA se enfrentó a dos de esos
controles ilegales.
“Mucho
gusto, somos la guerrilla del ELN”, se presentó un joven delgado, moreno, de
1,80 de estatura, quien detuvo la buseta de servicio público. “Por favor,
desciendan del vehículo”, pidió. Vestía de civil, con jean negro y camiseta del
mismo color. Tenía un arma corta escondida en la pretina de su pantalón, que
quedó al descubierto cuando levantó los brazos. Otro subversivo se cercioró de
que todos los ocupantes descendieran del bus, menos una mujer embarazada, que
no se inmutó ante el llamado.
Esculcaron
la buseta. Abrieron las maletas de los pasajeros. Preguntaron por sus
contenidos. Hubo zozobra, silencio, pánico en el retén guerrillero. “¿Y los
celulares?”, preguntó el subversivo. “Todo okey”, respondió el conductor. Hasta
hace una semana, los guerrilleros pedían los teléfonos, revisaban sus fotos,
los contactos y leían algunos mensajes. Hoy no lo hacen. Media hora adelante,
en otra curva, la misma escena. Ahora fue el frente 33 de las Farc, como se
identifica al guerrillero que detiene la buseta. “¿Nada extraño?”, preguntó.
“Nada”, respondieron en coro los pasajeros. “Adelante”, ordenó.
Los
retenes de unos y otros, a menos de 1.000 metros de distancia, forman parte del
diario vivir de los habitantes en el Catatumbo, quienes se sienten desamparados
por un Gobierno que habla de “paz total”. Aquí no hay paz, aquí se libra una
guerra por el control territorial, y ahora a través de drones cargados con
explosivos, a la que el Estado no le está prestando la debida atención. ¿Hasta
cuándo el abandono?
Tomado de: https://www.bing.com/search?pglt=41&q=Guerra+de+drones%3A+SEMANA+recorri%C3%B3+el+Catatumbo+y+evidenci%C3%B3+la+violenta+confrontaci%C3%B3n+a%C3%A9rea+entre+las+disidencias+de+las+Farc+y+el+ELN.+La+poblaci%C3%B3n+civil+est%C3%A1+abandonada&cvid=64f07188636b46df9ef0083585a7661d&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIGCAEQRRg8MgcIAhDrBxhA0gEIMjAxMGowajGoAgCwAgA&FORM=ANNTA1&PC=U531
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