El
IPC, que evalúa desde sobornos y desvío de fondos hasta la "captura del
Estado", sugiere que las promesas de cambio estructural han chocado con la
persistencia de viejas y nuevas prácticas de corrupción.
Foto: Presidencia de la República
Según
los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025,
presentados por Transparencia por Colombia, el país obtuvo una calificación de
39 puntos sobre 100. Aunque esta cifra representa un aumento técnico de dos
puntos frente al año anterior, la realidad global es de retroceso: Colombia
perdió siete posiciones en el ranquin mundial, hundiéndose hasta el puesto 99
entre 182 naciones evaluadas.
Para los expertos, esta puntuación
es el síntoma de una enfermedad crónica. Al situarse por debajo de la barrera
de los 50 puntos —el umbral que separa a los países con problemas graves de
aquellos con instituciones sanas—, el país
ratifica una tendencia al estancamiento. El IPC, que evalúa desde sobornos y
desvío de fondos hasta la "captura del Estado", sugiere que las
promesas de cambio estructural han chocado con la persistencia de viejas y
nuevas prácticas de corrupción.
A pesar
de haber llegado al poder con la bandera de la transparencia, la administración
del presidente Gustavo Petro enfrenta un duro juicio por parte de analistas y
veedores. Algunos expertos consultados por este medio sostienen que la lucha
contra la corrupción no ha logrado consolidarse como una prioridad estratégica.
Por el contrario, la gestión gubernamental se ha visto empañada por escándalos
de alto impacto que han desdibujado la narrativa oficial.
La
falta de resultados concretos en casos como el desvío de recursos en la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la ya comprobada
financiación irregular de la campaña presidencial y los cuestionamientos
persistentes en entidades como Ecopetrol, han generado un clima de indignación
y escepticismo. La percepción es clara: mientras el discurso habla de cambio,
los círculos cercanos al poder enfrentan interrogantes que la justicia aún no
resuelve con celeridad.
$21
billones perdidos
Para
comprender la magnitud de lo que está en juego, es necesario remitirse a la
"Radiografía de Hechos de Corrupción" presentada por Transparencia
por Colombia. Este análisis minucioso de 1.243 casos documentados revela cifras
muy dicientes. Aunque estimaciones extraoficiales elevan el costo de la
corrupción a 50 billones de pesos anuales, el estudio confirmó que la pérdida
directa por hechos comprobados asciende a $21,28 billones de pesos.
Para
comprender la magnitud de lo que está en juego, es necesario remitirse a la
"Radiografía de Hechos de Corrupción" presentada por Transparencia
por Colombia. Este análisis minucioso de 1.243 casos documentados revela cifras
muy dicientes. Aunque estimaciones extraoficiales elevan el costo de la
corrupción a 50 billones de pesos anuales, el estudio confirmó que la pérdida
directa por hechos comprobados asciende a $21,28 billones de pesos.
El
impacto no es solo financiero; es profundamente humano. De los 14,5 millones de
personas afectadas directamente por este flagelo, el grupo más perjudicado es
el de los niños, niñas y adolescentes, quienes representan el 24,65 % de las
víctimas. Se trata de recursos que debían alimentar, educar o proteger a la
infancia y que terminaron en los bolsillos de actores corruptos.
Los
datos revelaron además un patrón sistemático de un Compromiso presupuestal:
$137,65 billones de pesos estuvieron en riesgo en contratos y obras. También se
subraya que solo se han recuperado $9,08 billones a través de multas y
sanciones, menos de la mitad de lo perdido y que el sector defensa y seguridad
aparece como el más impactado, seguido por el judicial, educación, vivienda y
salud.
En
entrevista para EL NUEVO SIGLO, Camilo Enciso, director del Instituto
Internacional de Estudios Anticorrupción, lanzó una acusación sobre el
retroceso de Colombia. Según Enciso, el actual Gobierno nacional ha convertido
al Estado en una "gran fábrica de recursos para los políticos y
contratistas amigos". El experto señala que desde los más altos niveles
—ministros y directores de departamento— se ha facilitado la captura
institucional por parte del crimen organizado, bajo la complacencia presidencial.
Por
su parte, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, destaca la
"gran brecha entre el liderazgo ético que debe ejercerse y lo que vemos en
la realidad respecto al manejo de recursos". Para Hernández, la amenaza a
los intereses generales es cada vez mayor, supeditada a intereses políticos y
particulares que se imponen sobre el bienestar común.
¿Falla
la ley o la voluntad?
Al
analizar por qué la corrupción sigue ganando la batalla, ambos expertos
coinciden en que no es un problema de falta de leyes, sino de su aplicación.
Hernández enfatiza que lo que falla es la "aplicación efectiva de la
ley" y la falta de una visión de Estado a largo plazo. "No se trata
de tener más leyes, sino de que su implementación refleje una actuación ética e
íntegra desde lo público", sostiene.
Camilo
Enciso añade un componente más oscuro a este análisis: la captura de los
órganos de control y la infiltración en la persecución penal. Para el abogado,
existe una "voluntad política al más alto nivel de saquear al Estado"
que se combina con una estructura de poder hecha para garantizar la inmunidad
de los responsables, configurando lo que denomina una "estructura
cleptocrática".
Colombia
no está sola en esta preocupación, pero su situación es más grave que el
promedio regional. Según datos de la OCDE, la corrupción es la segunda
preocupación más apremiante para los latinoamericanos. Mientras que en los
países más transparentes de la OCDE solo el 16 % de la población se muestra
preocupada por este tema, en América Latina el promedio sube al 49 %. En
Colombia, uno de cada diez encuestados reportó que en su hogar se les solicitó
un soborno en el último año.
Los
resultados del IPC 2025 y la radiografía de los últimos años dejan una
conclusión ineludible: la corrupción en Colombia es un fenómeno adaptativo que
ha permeado los sectores más sensibles de la sociedad, desde la seguridad hasta
la alimentación escolar.
Con
el país entrando en un nuevo ciclo electoral, el clamor de las organizaciones
civiles es que la lucha contra la corrupción deje de ser un eslogan de campaña
para convertirse en una política de Estado con resultados medibles. La tarea es
monumental y urgente; de ella depende no solo el puntaje en un índice
internacional, sino la recuperación de la confianza de millones de ciudadanos
que hoy ven cómo sus derechos básicos se diluyen en el entramado de la
contratación pública.
Contraloría
investiga daño fiscal por $21 billones
Durante
la Rendición de Cuentas 2025 se informó que la entidad tiene abiertos 4.698
procesos de responsabilidad fiscal, cuyo presunto daño patrimonial al Estado se
estima en $21,56 billones.
Además,
se imputó responsabilidad fiscal en diez procesos que sumaron $247.575
millones. Entre los casos destacados por la Contraloría se encuentran procesos
contra Medimas por $150.839 millones, el Ministerio del Deporte por $40.641
millones, y el Fondo Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres por el
contrato de carrotanques en La Guajira por $22.152 millones.
En
su estrategia de vigilancia, la Contraloría utiliza el mecanismo “Salvando
Obras”. Desde 2022, esta iniciativa ha permitido la recuperación de recursos
por $6,38 billones en 408 proyectos que fueron entregados y puestos al servicio
de las comunidades.
A
través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, la
Contraloría emitió 395 alertas tempranas sobre el manejo de recursos públicos
en 2025, las cuales se identificaron como riesgos de pérdida de recursos por
$15,9 billones.
En
el análisis de obras con deficiencias, se han caracterizado 1.769 proyectos,
cuyo valor de diagnóstico asciende a $63,28 billones. Los sectores con mayores
recursos comprometidos en estos diagnósticos son, en orden, el sector de
transporte con $41,10 billones, vivienda, ciudad y territorio con $3,2
billones, y agricultura y desarrollo rural con $1,73 billones.
Tomado de: https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/colombia-vuelve-los-indices-mas-altos-de-corrupcion-en-los-ultimos-anos
NOTA:
PUESTO
99 ENTRE 182 EVALUADOS
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