11 DE AGOSTO DE 2026
¿QUÉ PASÓ CON LOS RECURSOS DE
LA “PAZ TOTAL”? CIFRAS, EJECUCIÓN Y HALLAZGOS
Clasificación: –
análisis estratégico
Corte: 10 de agosto de 2026
Tema: Recursos públicos destinados a la Política de Paz Total durante el
Gobierno 2022–2026
Enfoque: financiero, contractual, institucional y de seguridad
1. RESUMEN EJECUTIVO
La revisión de fuentes
oficiales y de información pública permite establecer que no existe una
única cifra que pueda denominarse “el costo total de la Paz Total”. El
Gobierno utilizó diferentes instrumentos presupuestales y administrativos.
El dato más concreto sobre el
costo directo de las negociaciones es $88.840 millones ejecutados entre
agosto de 2022 y diciembre de 2025 en mesas y procesos de negociación con
el ELN, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y Comuneros del Sur, según
información del Fondo de Programas Especiales para la Paz divulgada en 2026.
El reparto conocido es:
|
Proceso |
Recursos aproximados |
|
Estado Mayor Central – EMC |
$34.601 millones |
|
ELN |
$32.960 millones |
|
Segunda Marquetalia |
$13.106 millones |
|
Comuneros del Sur |
$8.172 millones |
|
TOTAL |
$88.840 millones |
Por tanto, EMC + ELN
absorbieron aproximadamente el 76% del gasto identificado en las mesas.
El hallazgo más importante es
que no puede afirmarse, con la información disponible, que los $88.840
millones hayan sido entregados directamente a los grupos armados. El dinero
aparece destinado principalmente a honorarios, transporte, tiquetes, logística,
protección de negociadores, participación de la sociedad civil y mecanismos de
monitoreo. Esta distinción es fundamental para evitar convertir una denuncia
política en una afirmación de corrupción que las fuentes consultadas no
prueban.
Sin embargo, sí existe una
cuestión fiscal y política relevante: el Estado asumió costos importantes
para mantener procesos de negociación que posteriormente quedaron suspendidos,
fragmentados o sin alcanzar acuerdos definitivos de desarme y desmovilización,
mientras los indicadores de desplazamiento, confinamiento y control territorial
armado continuaron siendo elevados.
2. ¿CUÁNTO DINERO SE GASTÓ EN
LAS MESAS?
2.1. ELN – $32.960 millones
El proceso con el ELN registró
un gasto total de:
$32.960.052.386
para el período comprendido
entre el 15 de noviembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.
Dentro de esa suma:
- $6.889 millones:
honorarios.
- $727 millones:
viáticos y desplazamientos.
- $614 millones:
tiquetes aéreos.
- $7.521 millones:
transporte aéreo.
- $4.748 millones:
medidas de protección.
- $1.832 millones:
logística.
- $1.439 millones:
participación de la sociedad civil.
Además:
- $9.164 millones
correspondieron al Comité Nacional de Participación.
- $21 millones
al mecanismo de monitoreo y verificación.
Hallazgo
El problema no está
necesariamente en que existieran gastos de negociación —los procesos de paz
requieren logística y seguridad— sino en la relación costo/resultado.
La mesa con el ELN terminó
suspendida y el grupo continuó siendo un actor armado con capacidad territorial
y criminal.
3. ESTADO MAYOR CENTRAL –
$34.601 MILLONES
El proceso con el EMC
representa el mayor gasto identificado:
$34.601.340.429
entre el 13 de octubre de 2023
y el 31 de diciembre de 2025.
Entre los principales
componentes aparecen:
- $6.123 millones:
honorarios.
- $7.498 millones:
transporte aéreo.
- $6.033 millones:
medidas de protección.
- $6.280 millones:
participación de la sociedad civil.
- $2.716 millones:
mecanismo de monitoreo y verificación.
Hallazgo
Este es probablemente el caso
más significativo para evaluar la eficacia de la política.
El proceso no produjo una
desmovilización integral del EMC y, posteriormente, la estructura sufrió
fragmentaciones internas.
Esto plantea una pregunta
estratégica:
¿El modelo de negociación
estaba reduciendo la capacidad armada de las organizaciones o estaba
permitiendo que determinadas estructuras ganaran tiempo mientras mantenían
economías ilegales y control territorial?
La evidencia disponible
permite plantear la pregunta, pero no permite concluir que el gasto haya
financiado directamente la expansión militar del EMC.
4. SEGUNDA MARQUETALIA –
$13.106 MILLONES
El proceso con la Segunda
Marquetalia tuvo un gasto superior a:
$13.106 millones.
Entre los conceptos
identificados aparecen:
- $1.665 millones:
honorarios.
- $3.884 millones:
transporte aéreo.
Este capítulo adquiere
especial importancia por las investigaciones judiciales que posteriormente
involucraron a integrantes de estructuras relacionadas con esta organización.
Hallazgo
El principal riesgo
institucional consistió en mantener mecanismos de interlocución con actores
armados mientras algunos de sus integrantes continuaban siendo objeto de
investigaciones penales.
Esto exige una debida
diligencia mucho más estricta sobre:
1. identidad
de los interlocutores;
2. situación
judicial;
3. cumplimiento
de ceses;
4. origen
de sus recursos;
5. compromisos
verificables;
6. cumplimiento
de obligaciones humanitarias.
5. COMUNEROS DEL SUR – $8.172
MILLONES
Los Comuneros del Sur aparecen
con gastos superiores a:
$8.172 millones.
Entre ellos:
- $898 millones:
honorarios.
- $669 millones:
transporte aéreo.
Este proceso constituye un
caso diferente porque el grupo se separó del ELN y posteriormente se convirtió
en interlocutor de un proceso independiente.
Hallazgo
La política de negociación
terminó enfrentando un problema de fragmentación del actor armado.
En términos estratégicos,
negociar simultáneamente con organizaciones y con fracciones que se desprenden
de ellas puede producir un incentivo perverso:
la fragmentación puede
convertirse en una vía para obtener reconocimiento político o beneficios de
negociación.
Esto no demuestra que el
Gobierno haya provocado deliberadamente las divisiones, pero sí constituye un
riesgo que cualquier modelo futuro deberá controlar.
6. ¿EN QUÉ SE GASTÓ REALMENTE
EL DINERO?
La información disponible
muestra cinco grandes categorías:
A. Honorarios
Los equipos negociadores,
asesores y personal técnico requirieron recursos.
B. Transporte
Los desplazamientos de
delegaciones y participantes generaron una parte importante del gasto.
Particularmente llamativo es
el componente de transporte aéreo:
- ELN: aproximadamente $7.521 millones.
- EMC: aproximadamente $7.498 millones.
- Segunda Marquetalia: aproximadamente $3.884
millones.
- Comuneros del Sur: aproximadamente $669
millones.
Solo estos valores representan
alrededor de $19.572 millones.
C. Protección
Los negociadores requerían
seguridad.
Para el ELN se identifican
aproximadamente $4.748 millones y para el EMC aproximadamente $6.033
millones.
D. Participación ciudadana
La metodología de Paz Total
buscaba incorporar a comunidades y sociedad civil.
En el EMC se registran
aproximadamente $6.280 millones para este componente.
E. Monitoreo y verificación
Se financiaron mecanismos
destinados a comprobar el cumplimiento de los compromisos.
7. UN DATO QUE CAMBIA LA
DIMENSIÓN DEL ANÁLISIS
Los $88.840 millones
corresponden específicamente a mesas y procesos de negociación identificados.
No deben confundirse con todo
el presupuesto destinado a políticas de paz.
En el Presupuesto General de
la Nación de 2026 aparecen $400.057 millones asignados al Fondo de Programas
Especiales para la Paz.
Por ello:
$88.840 millones ≠ costo total
de la Paz Total.
Es únicamente la cifra
identificada para determinados procesos de diálogo y negociación.
Esta diferencia es esencial.
8. FONDO COLOMBIA EN PAZ: OTRA
BOLSA QUE DEBE SER VIGILADA
El Fondo Colombia en Paz
administra recursos relacionados con la implementación del Acuerdo Final y
otros programas de construcción de paz.
La propia entidad mantiene una
plataforma de datos abiertos sobre contratación y recursos, aunque actualmente
informa que parte de la sección de datos se encuentra temporalmente en
actualización.
La Procuraduría señaló en su
Séptimo Informe de Seguimiento al Acuerdo de Paz que existían:
- $8,4 billones del
Presupuesto General de la Nación con baja ejecución en áreas relacionadas
con la implementación.
- 321 proyectos
financiados con recursos de regalías con rezagos físicos y financieros.
- $2,7 billones
del Fondo Colombia en Paz sin programación.
Hallazgo
Esto revela un problema
diferente al de los $88.840 millones:
no solamente existe
preocupación por cuánto se gastó, sino también por cuánto dinero permaneció sin
ejecutarse o sin programación.
En otras palabras:
El problema financiero de la
política de paz tiene dos caras: gasto cuestionado por su relación
costo/resultado y recursos que no alcanzaron oportunamente los territorios.
9. RECURSOS ADICIONALES
DESTINADOS A PAZ Y TERRITORIO
En 2025, el Gobierno adicionó
recursos presupuestales que incluyeron:
$140.926,5 millones de
transferencia al Fondo Colombia en Paz.
También aparecen:
$36.212,2 millones para
mecanismos de transición hacia la paz, dentro de los cuales se identifica el
componente “Paz Total e Integral”.
Estos recursos no deben
sumarse automáticamente a los $88.840 millones, porque tienen naturaleza y
objetivos presupuestales diferentes.
10. EL GASTO CONTINUÓ DESPUÉS
DE 2025
La política no desapareció
presupuestalmente con el cierre de las principales mesas.
En 2026 continuaron
apareciendo contratos y proyectos vinculados a la Paz Total.
Ejemplos:
- $4.234,6 millones para
vehículos terrestres y fluviales especiales, incluidas ambulancias y
transporte extramural para municipios focalizados del Pacífico nariñense.
- $1.122,3 millones
para estudios, diseños y construcción de una Casa de Derechos Humanos, Paz
y Reconciliación en Yondó, Antioquia.
- $197,9 millones
para estudios y diseños de mejoramiento de vías terciarias en regiones de
paz.
Estos proyectos no son
necesariamente gastos improductivos. Algunos corresponden a inversión
territorial legítima.
El punto es otro:
debe separarse el dinero
destinado a construir Estado y desarrollo territorial del dinero destinado
exclusivamente a sostener negociaciones con organizaciones armadas.
11. ¿QUÉ RECIBIÓ EL PAÍS A
CAMBIO?
Aquí aparece el principal
problema de evaluación.
La política debía producir
resultados verificables:
1. reducción
de violencia;
2. reducción
de secuestro;
3. reducción
de extorsión;
4. desarme;
5. desmovilización;
6. disminución
del reclutamiento;
7. recuperación
territorial;
8. reducción
de desplazamiento;
9. fortalecimiento
institucional.
Pero la situación humanitaria
continuó siendo crítica.
La Defensoría del Pueblo
informó que durante el primer semestre de 2026:
- 83 eventos
de desplazamiento forzado masivo afectaron a 15.960 personas.
- 44 eventos
de confinamiento afectaron a 64.787 personas.
En conjunto, más de 80.000
personas resultaron afectadas por estas dos dinámicas durante enero-junio
de 2026.
En enero-abril, la Defensoría
había registrado:
- 8.249 desplazados;
- 45.869 personas confinadas.
12. HALLAZGO ESTRATÉGICO: EL
CONFINAMIENTO ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE
La Defensoría ha advertido que
los grupos armados están utilizando cada vez más el confinamiento como
instrumento de control territorial.
En el primer trimestre de
2026, más de 39.000 personas tuvieron que permanecer confinadas por
hechos relacionados con el conflicto, un aumento del 63 % frente al
mismo periodo del año anterior.
Esto es importante porque
revela que:
la ausencia de desplazamiento
no significa necesariamente ausencia de control armado.
Un grupo puede no expulsar a
una comunidad y, simultáneamente, controlar:
- movilidad;
- comercio;
- transporte;
- acceso a alimentos;
- educación;
- salud;
- actividades económicas;
- corredores estratégicos.
Por ello, el indicador de
desplazamiento por sí solo es insuficiente para evaluar el éxito de una
política de paz.
13. HALLAZGO FINANCIERO
La información disponible
permite identificar tres problemas distintos:
PROBLEMA 1 – COSTO DE LAS
NEGOCIACIONES
Más de $88.840 millones
ejecutados en procesos con cuatro estructuras armadas entre 2022 y 2025.
PROBLEMA 2 – BAJA EJECUCIÓN
La Procuraduría encontró $2,7
billones sin programación en el Fondo Colombia en Paz y rezagos en 321
proyectos financiados con regalías.
PROBLEMA 3 – CONTINUIDAD DEL
GASTO
En 2026 continúan contratos y
proyectos asociados a Paz Total.
Por lo tanto, el debate no
debería reducirse a:
“¿Cuánto dinero se gastó?”
La pregunta correcta es:
¿Cuánto dinero se asignó,
cuánto se comprometió, cuánto se pagó, en qué se utilizó y qué resultados
verificables produjo cada peso?
14. ¿HUBO CORRUPCIÓN?
Con la evidencia examinada no
es técnicamente correcto afirmar que los $88.840 millones fueron robados o
entregados ilegalmente a los grupos armados.
Lo que sí existe es materia
suficiente para exigir una auditoría integral sobre:
- contratación;
- honorarios;
- transporte aéreo;
- operadores logísticos;
- protección;
- convenios;
- contratación directa;
- subcontratación;
- resultados de cada contrato;
- indicadores de cumplimiento;
- beneficiarios finales;
- costos por participante;
- costos por reunión;
- costos por proceso.
La existencia de gasto elevado
no equivale automáticamente a corrupción.
15. MATRIZ DE RIESGO
|
Riesgo |
Nivel |
Evaluación |
|
Ineficiencia del gasto |
🔴 Alto |
La relación costo/resultado
debe revisarse |
|
Baja ejecución territorial |
🔴 Alto |
Procuraduría identificó
rezagos |
|
Fragmentación de grupos |
🔴 Alto |
Las negociaciones
coincidieron con procesos de división |
|
Captura institucional
territorial |
🟠 Alto |
Persisten zonas bajo fuerte
presión armada |
|
Corrupción contractual |
🟠 Medio/Alto |
Requiere auditoría
individual de contratos |
|
Entrega directa de recursos
a grupos armados |
🟡 No demostrado |
Las fuentes consultadas no
prueban esta afirmación |
|
Continuidad presupuestal |
🟠 Medio/Alto |
Existen recursos y contratos
vigentes en 2026 |
|
Resultado en seguridad |
🔴 Deficiente |
Persisten desplazamiento,
confinamiento y violencia |
16. CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA
El principal hallazgo no es
simplemente que la “Paz Total” haya gastado $88.840 millones.
El verdadero problema es la asimetría
entre recursos utilizados y resultados verificables.
El Estado destinó recursos
importantes a construir canales de negociación, movilizar delegaciones,
garantizar seguridad, pagar equipos técnicos y facilitar participación social.
Sin embargo, al mismo tiempo,
Colombia continuó enfrentando estructuras armadas con capacidad para:
- controlar territorios;
- reclutar menores;
- imponer restricciones a la movilidad;
- generar desplazamientos;
- confinar comunidades;
- controlar economías ilegales;
- disputar corredores estratégicos.
La evidencia de la Defensoría
en 2026 demuestra que el problema territorial continuó siendo severo: más de
80.000 personas afectadas por desplazamiento y confinamiento durante el primer
semestre de 2026.
Por ello, la evaluación
definitiva de la Paz Total debe abandonar el criterio de “número de mesas
instaladas” y pasar a un sistema de resultados verificables.
Indicador central propuesto:
Pesos públicos ejecutados /
reducción comprobable de capacidad armada.
Y adicionalmente:
Pesos ejecutados /
combatientes desmovilizados.
Pesos ejecutados / municipios
recuperados por el Estado.
Pesos ejecutados / reducción
del secuestro y extorsión.
Pesos ejecutados / reducción
del desplazamiento y confinamiento.
Pesos ejecutados / hectáreas
recuperadas de economías ilícitas.
17. LÍNEAS PRIORITARIAS DE
INVESTIGACIÓN PARA EL NUEVO GOBIERNO
Un gobierno que quiera
establecer exactamente qué ocurrió con los recursos de la Paz Total debería
ordenar una auditoría forense 2022–2026, con cinco componentes:
1. Auditoría financiera
Reconstruir cada peso desde la
apropiación hasta el pago.
2. Auditoría contractual
Revisar contratos, convenios,
operadores, subcontratistas y beneficiarios finales.
3. Auditoría de resultados
Determinar qué producto
concreto generó cada contrato.
4. Auditoría de seguridad
Comparar el gasto de cada
proceso con:
- homicidios;
- secuestros;
- extorsiones;
- desplazamientos;
- confinamientos;
- ataques;
- reclutamiento;
- expansión territorial.
5. Auditoría de inteligencia
Determinar si los grupos
negociadores utilizaron los períodos de cese o diálogo para:
- reclutar;
- reorganizarse;
- expandirse;
- fortalecer economías ilícitas;
- obtener información;
- incrementar control territorial.
18. VEREDICTO
Nivel de confianza: ALTO en
las cifras presupuestales y contractuales citadas de fuentes oficiales y
documentos públicos.
Nivel de confianza: MEDIO/ALTO en la
interpretación de costo-beneficio.
No demostrado: que
los $88.840 millones hayan sido entregados directamente a las organizaciones
armadas.
Sí demostrado: que
el Estado ejecutó más de $88.840 millones en procesos de negociación con cuatro
estructuras entre 2022 y 2025.
Sí demostrado: que
en 2026 continuaron existiendo apropiaciones y contratos vinculados a programas
de paz.
Sí demostrado: que
persisten graves afectaciones humanitarias y de control territorial armado.
CONCLUSIÓN FINAL
El gran interrogante que deja
la Paz Total no es solamente dónde quedó el dinero, sino qué capacidad estatal
adquirió Colombia a cambio de ese dinero.
Si después de una inversión
pública de esta magnitud las organizaciones armadas mantienen capacidad de
reclutamiento, control territorial, confinamiento y economías ilícitas, el
problema fundamental pasa de ser presupuestal a convertirse en un problema de eficacia
estratégica del Estado.
La prioridad para la nueva
administración debería ser transformar la política de paz desde una lógica de gasto
y negociación hacia una lógica de resultados, trazabilidad,
verificación, desarme y recuperación efectiva del territorio.
Fuentes principales para
profundizar:
- Fondo de Programas Especiales para la Paz – información
presupuestal 2026
- Información oficial sobre el gasto de las mesas de
negociación – cifras 2022-2025
- Fondo Colombia en Paz – datos abiertos y contratación
- Séptimo Informe de la Procuraduría sobre la implementación
del Acuerdo de Paz
- Defensoría del Pueblo – afectaciones por desplazamiento y
confinamiento en 2026
- Presupuesto General de la Nación 2026 – Fondo de Programas
Especiales para la Paz
Lectura estratégica: el
dato de $88.840 millones es importante, pero sería un error presentarlo
como “todo el dinero de la Paz Total”. La cifra verdaderamente relevante para
una investigación de control fiscal sería reconstruir todas las
apropiaciones, transferencias, convenios, contratos y proyectos 2022-2026
vinculados explícita o indirectamente a la política, y cruzarlos con sus
resultados territoriales.
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