Se ha realizado un análisis
del documento "Colombia: Estrategia Integral de Seguridad – Un enfoque
sistémico para recuperar el control institucional del territorio",
elaborado por el Grupo de Revisión Estratégica Institucional (GREI) en
julio de 2026. El documento propone una estrategia de seguridad de largo plazo
basada en un enfoque integral del Estado y no únicamente en acciones militares
o policiales.
Resumen Ejecutivo
Objetivo principal
El documento plantea recuperar
el control institucional del territorio colombiano mediante una política de
Estado permanente que combine seguridad, justicia, desarrollo económico,
fortalecimiento institucional y recuperación de la legitimidad del Estado.
Sostiene que la inseguridad es consecuencia de un fenómeno sistémico y que las
organizaciones criminales tienen motivaciones principalmente económicas, más
que ideológicas.
Diagnóstico de la amenaza
El GREI identifica seis
problemas estructurales:
- Transformación de los grupos armados en
organizaciones multicrimen transnacionales.
- El narcotráfico como principal fuente de
financiación y control territorial.
- Expansión de economías ilegales como
minería ilícita, extorsión, contrabando, tráfico de personas y lavado de
activos.
- Consolidación de una "gobernanza
criminal" que reemplaza funciones del Estado en numerosos
territorios.
- Debilitamiento de las capacidades de la
Fuerza Pública por reducción de personal, limitaciones presupuestales y
pérdida de capacidades de inteligencia.
- Ausencia del Estado en numerosas regiones
del país.
El documento estima la
presencia de aproximadamente 27.500 integrantes de grupos armados
ilegales con influencia en 518 municipios, además de cientos de
municipios bajo alertas tempranas, según las fuentes citadas por los autores.
Los cinco pilares estratégicos
Pilar 1. Seguridad y Defensa
Nacional
Propone:
- convertir la seguridad en una política de
Estado;
- fortalecer la inteligencia estratégica;
- recuperar capacidades militares y
policiales;
- incrementar la interoperabilidad entre
Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía;
- fortalecer la ciberseguridad;
- desarrollar campañas focalizadas para
recuperar el control territorial;
- modernizar tecnología militar e
inteligencia basada en datos.
También plantea fortalecer
alianzas internacionales y profesionalizar el sistema de dirección estratégica.
Pilar 2. Justicia articulada
con la seguridad
Busca que el sistema judicial
acompañe la estrategia de seguridad mediante:
- reformas procesales;
- mayor rapidez en los juicios;
- digitalización completa de la justicia;
- fortalecimiento de la lucha
anticorrupción;
- mayor seguridad jurídica para la Fuerza
Pública;
- endurecimiento frente al crimen
organizado.
El documento propone una
justicia más eficiente para reducir la impunidad.
Pilar 3. Colapsar las
economías criminales
Este es considerado el centro
de gravedad de toda la estrategia.
Incluye:
- atacar el narcotráfico desde la
producción;
- fortalecer la inteligencia financiera;
- combatir el lavado de activos;
- acelerar procesos de extinción de dominio;
- controlar fronteras;
- fortalecer la DIAN, la UIAF y la POLFA;
- afectar directamente las finanzas de las
organizaciones criminales.
El objetivo es hacer
económicamente inviable la actividad criminal.
Pilar 4. Reforma penitenciaria
El documento sostiene que las
cárceles hoy funcionan como centros de operación del crimen organizado.
Propone:
- crear un nuevo modelo penitenciario;
- fortalecer la seguridad carcelaria;
- bloquear totalmente las comunicaciones
ilegales;
- aumentar la infraestructura penitenciaria;
- mejorar la resocialización mediante
educación y trabajo;
- separar internos según nivel de
peligrosidad.
Pilar 5. Desarrollo
territorial productivo
Reconoce que la seguridad no
puede sostenerse únicamente mediante operaciones militares.
Propone:
- creación de nodos productivos;
- inversión en infraestructura;
- conectividad digital;
- formalización de tierras;
- sustitución de economías ilegales por
actividades productivas;
- fortalecimiento de la educación y
capacitación rural.
La meta es construir una clase
media campesina que reduzca la dependencia de las economías ilícitas.
Modelo de Recuperación
Territorial Diferenciado (MRTd)
El documento plantea una
metodología para intervenir cada región según sus características particulares.
Consta de cuatro etapas
principales:
1. Diagnóstico
territorial.
2. Recuperación
y estabilización.
3. Transformación
del territorio.
4. Consolidación
institucional.
El modelo integra seguridad,
justicia, infraestructura, educación, salud, desarrollo económico y
participación comunitaria para lograr una presencia estatal permanente.
Principales fortalezas del
documento
- Presenta una visión integral de la
seguridad nacional.
- Reconoce la relación entre seguridad y
desarrollo económico.
- Da prioridad al combate de las finanzas
criminales.
- Incorpora inteligencia, tecnología y
análisis de datos.
- Propone coordinación interinstitucional
permanente.
- Introduce indicadores para medir
resultados.
- Busca convertir la política de seguridad
en una política de Estado y no de un solo gobierno.
Aspectos que requerirían
debate público
El documento incluye
propuestas que implicarían reformas legales y constitucionales de amplio
alcance, entre ellas:
- modificaciones al régimen jurídico penal;
- cambios en el modelo penitenciario;
- nuevas reglas para el sometimiento de
grupos armados;
- fortalecimiento de facultades de
inteligencia;
- medidas más ágiles de extinción de
dominio;
- revisión de políticas relacionadas con
cultivos ilícitos y operaciones contra economías criminales.
Estas iniciativas requerirían
discusión política, jurídica y constitucional antes de una eventual
implementación.
Conclusión
El documento del GREI
constituye una propuesta estratégica de política pública, no una norma
vigente. Su tesis central es que el crimen organizado en Colombia se sostiene
principalmente por sus rentas ilícitas y por la debilidad institucional en
ciertos territorios. En respuesta, plantea una estrategia de largo plazo basada
en cinco pilares: seguridad y defensa, justicia, desarticulación de economías
criminales, reforma penitenciaria y desarrollo territorial, articulados
mediante un Modelo de Recuperación Territorial Diferenciado para restablecer el
control institucional del Estado y reducir de forma sostenible la influencia de
las organizaciones criminales
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